Endika Mokoroa, Koldo Bilbao, Iñaki Hierro,
Iñaki Ilardia
El objeto de nuestro estudio ha sido la investigación de las consecuencias debidas de la competencia o la cooperación entre las distintas comunidades, entendiendo por éstas, los distintos países, las regiones de un mismo país, las provincias dentro de una misma región y las poblaciones dentro de una provincia.
Es decir, que el estudio realizado bien puede aplicarse a los distintos niveles citados, aunque contando cada uno sus propias características.
Nos hemos centrado, por último, en el estudio de la situación del País Vasco, donde los mecanismos de gobierno están repartidos entre el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales.
Entrando ya a lo que es el panorama político actual, observamos cómo todos los países de nuestro continente se van preparando para participar en la unión de estados europeos.
Todos los países cederán soberanía voluntariamente a un órgano de decisión superior, que es la Unión Europea. Esta unión de estados tiene su fin en la consecución de mayor fuerza para competir con las grandes potencias mundiales (véase Japón o los Estados Unidos).
Presenciamos un proceso de asociación entre países que comenzó como una cooperación para el comercio del carbón y el acero y terminará siendo una unión política y monetaria de estados.
Pasando ahora a otro nivel, podemos considerar las relaciones existentes entre las comunidades autónomas dentro de un mismo país.
Fácilmente vemos la conveniencia mutua de la realización de proyectos comunes. Véase como ejemplo la creación de infraestructuras y el desarrollo de las comunicaciones. La construcción de una autopista entre Gipuzkoa y Navarra, por poner un caso concreto, es beneficiosa para ambas provincias.
Pero se observa también la existencia de fricciones entre las distintas comunidades. El incentivo económico dentro de una región puede ser causa del desvío de realizaciones hacia ella, en perjuicio de otras regiones. Véase por ejemplo la polémica suscitada entre Castilla La Mancha y Murcia por el trasvase de agua Tajo-Segura, o por el nuevo Impuesto de Sociedades Vasco que ha sido recurrido por comunidades autónomas limítrofes, por la Comunidad de Madrid, e incluso por el Ministerio de Economía. La existencia de divergencias se ve, a sí mismo en la aplicación de los presupuestos generales del estado, por subir a una instancia superior, de donde salen las inversiones públicas hacia los diferentes lugares del país. ¿ Por qué invertir en una zona del país y no en otra ?. Un aspecto importante a tener en cuenta en este debate es el de la competencia fiscal. En principio no parece buena una alteración legislativa para atraer inversión vía fiscal en perjuicio de otros territorios, pero es importante constatar que cada zona debe tener una normativa fiscal apropiada para su territorio. No debe ser igual el tratamiento de las pequeñas poblaciones agrícolas vascas, por poner un ejemplo, que las grandes extensiones agrarias del sur de España.
Entremos ahora a ver las relaciones existentes entre las comunidades y el estado, centrándonos en nuestra comunidad autónoma. El País Vasco, en virtud de la ley 12 / 81, del 13 de Mayo del Concierto Económico, y la Comunidad Foral de Navarra por la Ley de Amejoramiento Navarro pagan anualmente un cupo al gobierno estatal.
Como dice el artículo 47 de la ley del Concierto Económico el Gobierno de Gasteiz aportará al estado un cupo global, integrado por los correspondientes a cada uno de sus territorios históricos por las trasferencias que no tienen asumidas.
Constituyen competencias exclusivas del estado las siguientes:
Hacia la financiación de estas 3 competencias va dirigido el cupo global, parte del cual va dirigido a un fondo de compensación debido a igualar las diferencias y desequilibrios entre distintas regiones, suponiendo una ayuda a las menos desarrolladas.
Centrándonos por último en la situación del País Vasco, observamos que cada territorio histórico tiene su propia normativa fiscal. La recaudación impositiva la lleva a cabo cada Diputación Foral, y éstas, posteriormente negocian la entrega una cuantía de dinero al Gobierno Vasco que actúa como órgano central, con sus funciones propias, y como redistribuidor de la riqueza entre los territorios históricos.
El Gobierno Vasco, destina una cantidad a cada departamento, que cada uno de estos a su vez, dedicará a una actividad, y esto acabará repercutiendo en alguna de la provincias. De todos modos, hay partidas, como la destinada a la Ertzaintza o al propio personal del Gobierno Vasco que no se puede decir que sea redistributivo, ¿Por qué, a qué territorio es destinado ?
Nos parece de gran importancia que los distintos estamentos se atengan al principio de subsidiariedad : lo que puede hacer un organismo cercano al ciudadano que no lo realice otro de una escala superior.
Las diputaciones vascas tienen un mejor conocimiento de la realidad social que le incumbe, mejor que el que tiene el Gobierno Vasco, y éste a su vez mejor que el Estado o la Unión Europea.
Llevando este principio al extremo, podríamos incluso decir que lo que pueden hacer los ayuntamientos no las hagan las diputaciones.
Pensamos también, que debe ser más bien el organismo más bajo en la escala quien acuda al superior cuando no tenga los medios suficientes para realizar un proyecto y no al revés. Esto se debe a que los organismos no deben tratar de acaparar poder, sino de servir a los ciudadanos, y esto quien mejor lo hace es quien está más cercano a ellos. Quisiéramos insistir en este punto, por decirlo de un modo informal, cuanto más se cuente con los ciudadanos mejor, y quien más cerca está de la realidad mejor la conoce.
¿Puede esto tener como consecuencia un aumento de la burocracia? Es posible, pero compensa si con ello se logra un mejor conocimiento de las necesidades de cada lugar.
Consideramos también que se puede potenciar la cooperación vertical entre los distintos organismos. Hay proyectos cuya magnitud requiere la presencia de varios de ellos, como ejemplo la sociedad Bilbao- Ría 2000, compuesto por el Gobierno Español, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao; o el plan URBAN de revitalización de la margen izquierda en la que participa la Unión Europea.
Por último comentar que nos parece positiva la competencia entre las distintas comunidades siempre que ésta sea justa y limpia, ya que crea las condiciones para la propia superación. Supone un incentivo para la mejora de las prestaciones y condiciones de trabajo.
Esperamos que esta intervención haya supuesto
una aportación más a la investigación entorno
a la colaboración entre comunidades. Con estas conclusiones
damos por finalizada nuestra intervención realizada con
el ánimo, de no agotar el tema sino de ser un punto de
referencia más.